La educación inclusiva es una política desarrollada por el gobierno de El Salvador desde el año 2010, que tiene como objetivo aumentar los porcentajes de escolaridad y llegar hasta las personas que presentan diversas dificultades para mantenerse de forma activa en los procesos educativos, como inaccesibilidad a los centros escolares, alumnos que no avanzan al ritmo esperado, estudiantes que repiten grado, etc. Esto incluye, por supuesto, estudiantes con capacidades especiales y/o problemas de aprendizaje, a quienes se les ha dado prioridad para que sean incorporados a los centros educativos convencionales. A partir del año 2020, la educación a distancia tomó mayor protagonismo debido a la pandemia por COVID-19 y en nuestro país no fue diferente. Dicha modalidad educativa ha contribuido hasta la fecha y en gran manera a la continuidad de los procesos educativos desde niveles básicos hasta educación superior, convirtiéndose en una muy buena alternativa para muchos estudiantes. Sin embargo, dentro de este proceso también han surgido ciertos problemas de accesibilidad. Más allá de los problemas por nivel económico o zonas sin señal de internet, existe un problema evidente, pero al cuál no se le ha dado la debida importancia.