El estudio aborda la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia en El Salvador, destacando la reciente promulgación de leyes como la Ley Crecer Juntos, que reconoce el derecho de los menores a opinar y ser escuchados. A pesar de los avances normativos, se señala la falta de estudio sobre las instituciones encargadas de garantizar estos derechos. La investigación se centra en evaluar si, en los procedimientos administrativos relacionados con la prórroga de acogimiento familiar en modalidad de familia extendida, se toma en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Se busca determinar si sus voces son escuchadas de manera efectiva y si se les explica cómo sus opiniones influyen en las decisiones. La problemática es especialmente relevante, ya que muchos de estos menores se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, a menudo provocadas por quienes deberían protegerlos. El estudio tiene como objetivo identificar las falencias y fortalezas en los procesos de la Junta de Protección de San Miguel, para desarrollar un proyecto guía que mejore la participación de la niñez y adolescencia en decisiones que afectan su bienestar.