Los Pueblos Indígenas de El Salvador están construyendo procesos desde hace varios años, enfocados a la apertura de espacios, en los cuales se les proporcione seguridad jurídica, mejoras sociales y económicos, y fundamentalmente un reconocimiento cultural que permitan en diversos niveles abordar problemáticas que dificultan su autodeterminación, reconocimiento estatal y la puesta en marcha de acciones que permitan su dignificación a nivel nacional e internacional.El gobierno nacional y los locales manifiestan un alto grado de interés en el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas para el mejoramiento dela calidad de vida de grupos poblacionales altamente vulnerables, más aún con la reforma constitucional del art. 63 y la suscripción firma de la Declaración sobre losDerechos de los Pueblos Indígenas.Durante el año 2011, se da inicio a la construcción de marcos jurídicos locales, como iniciativa de los gobiernos municipales, los cuales se convierten en componentes fundamentales de análisis debido a la territorialidad con la que cuentan y el protagonismo asumido en el recogimiento de derechos en contextos. En la actualidad, El Salvador cuenta con 7 ordenanzas municipales enfocadas a la promoción y defensa de los derechos de Pueblos Indígenas, contexto que los posiciona en mejor medida. A pesar de estos esfuerzos por los derechos en Pueblos Indígenas, existen también municipios donde no se cuentan con marcos jurídicos locales, lo cual brinda una posición desventajosa en comparación de Pueblos Indígenas en los que cuenta,esto ha permitido verificar la situación derechos.